Informe impulsado por FEAPS en 2013. Para elaborar el informe se ha revisado tanto la normativa estatal como la autonómica relacionada con la participación del beneficiario en el SAAD. Por tanto, este informe se basa en los elementos que se extraen de las diferentes regulaciones. Las principales consideraciones a tener en cuenta son las siguientes: inseguridad jurídica, falta de transparencia e información, y desigualdad territorial.